Consorcio Rivada informa que insistirá en su esfuerzo por preservar los principios constitucionales y los enormes beneficios que respaldan a la Red Compartida, que debe beneficiar especialmente a aquellos mexicanos que tienen menos oportunidades.

El objetivo central de la Red Compartida es aumentar la cobertura poblacional de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, la propuesta aceptada por la SCT en un concurso que, en los hechos fue degradado a una adjudicación directa, no aumenta dicha cobertura ya que los operadores actuales han alcanzado coberturas poblacionales cercanas al 92% sin recibir los beneficios económicos que implica la asignación prácticamente gratuita de espectro radioeléctrico y una disminución sin precedentes en el pago de derechos anuales por el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias de tal espectro.

La justificación fundamental de estas condiciones preferentes para el despliegue de una nueva red mayorista es precisamente la cobertura de servicios, favoreciendo a los mexicanos que hoy no reciben servicios de telecomunicaciones móviles.

Por lo tanto, la reducida cobertura poblacional aceptada por la SCT contraviene el mandato constitucional de cobertura universal y contradice el objetivo del proyecto.

La propuesta de cobertura presentada por Consorcio Rivada es muy superior y representa grandes beneficios para todo el país: más inversión, mayor cobertura y varios millones de mexicanos beneficiados por la política de inclusión digital universal. Estos beneficios pudieron lograrse con tan solo evaluar las dos propuestas, en lugar de proceder a la descalificación ilegal y formalista de Consorcio Rivada, en contravención a los principios y las reglas de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Consorcio Rivada confía en que sus argumentos serán analizados con autonomía y responsabilidad por los Tribunales Federales del país.