In Español Press Release
  • El OIC de la Función Pública, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició una investigación para deslindar responsabilidades en el proceso, en caso de encontrar faltas administrativas en el proceso de licitación de la Red Compartida. 
  • Rivada presentará pruebas que demuestran las irregularidades cometidas.

 

El pasado 2 de enero de 2017, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), inició una investigación para deslindar responsabilidades en caso de encontrar irregularidades administrativas en el proceso de licitación de la Red Compartida de telecomunicaciones, bajo el expediente número 2017/SCT/DE1.

En seguimiento a la apertura de dicho expediente, Rivada habrá de presentar las pruebas que demuestran que Consorcio Altán utilizó información privilegiada de la SCT para la elaboración de su propuesta, misma que dicha Secretaría tomó como ganadora de la licitación.

Lo anterior forma parte de las diversas acciones que ha emprendido la empresa para salvaguardar sus derechos ante la ilegal descalificación de su propuesta por parte de la SCT.

Adicionalmente, en lo que se refiere al proceso legal abierto en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, informamos que aún cuando la Juez ha negado la suspensión definitiva, le ha concedido a Rivada el recurso para que la SCT preserve intacta la propuesta presentada por nuestro consorcio para la licitación de la Red Compartida.

Ese Juzgado solicitó a la SCT la presentación de la propuesta presentada por el consorcio Altán dentro del mismo proceso, para efectos de revisión y comparación, como parte de los procedimientos para resolver sobre la utilización de información privilegiada por el grupo que la SCT consideró como “ganador del concurso” en cuestión.

Rivada reitera que insistirá, mediante todas las acciones legales a su alcance, para salvaguardar sus derechos de empresa,  y el de los mexicanos, que claramente, han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país.

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