- Funcionarios de la SCT solicitaron a Deloitte la elaboración de propuestas equivocadas para otros participantes, con el fin de descalificarlos.
- Funcionarios de la SCT solicitaron a Deloitte favorecer al Consorcio Veta Grande, ahora Altán, para resultar ganador en el proceso de licitación internacional de la Red Compartida.
- Deloitte advirtió a la Subsecretaria Mónica Aspe y a su equipo, de los riesgos en materia de seguridad nacional, por la participación de capital y de empresas Chinas en el entonces consorcio Veta Grande, ahora Altán.
El día de hoy, por instrucciones de la Corte de Distrito del Estado de Virginia en los Estados Unidos de Norte América, se llevó a cabo la comparecencia del Sr. Brett Haan, Socio y Directivo de la firma de consultoría Deloitte, para brindar su testimonio con respecto a la participación de la firma, a través de su persona, en el proceso de planeación y ejecución del Concurso del Proyecto de la Red Compartida.
De acuerdo con el testimonio, el Sr. Haan, manifestó que ha participado en el proyecto de la Red Compartida desde su inicio. El citatorio para la comparecencia, surge del hecho de que la Corte de Distrito del Estado de Virginia, consideró que existían elementos suficientes para suponer que el Sr. Haan tenía conocimiento de algunos procedimientos erróneos y en el peor de los casos ilegales, por parte de algunos funcionarios de la SCT en el transcurso del proceso del Concurso de la Red Compartida.
Durante su comparecencia, Brett Haan destacó al menos tres elementos que darían por confirmada la versión de que se trató de un proceso ilegal.
- Como un primer punto, el Sr. Haan señala que un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, a quien se refiere como Mario Góngora, le solicitó durante una conversación informal inmediatamente después de tener acuerdo con la Subsecretaria Mónica Aspe, que elaborara dos propuestas para ser presentadas por la empresa McKinsey y otra para la empresa Bain, bajo la premisa de que esas dos propuestas contuvieran errores que permitieran descalificarlas en el concurso para ofrecer consultoría a favor de la SCT, relacionada con el diseño del Concurso de la Red
Compartida. Ante esta petición, el Sr. Haan se rehusó a aceptar dicha solicitud y mencionó que la misma, constituía una acción ilegal.
Asimismo, durante la misma conversación, Góngora habría solicitado a Deloitte por conducto del Sr. Haan, que encontrara la forma de adjudicar en el lapso de un mes, la licitación de la red compartida al entonces grupo Comunicaciones Veta Grande, mismo que se transformó con el tiempo en Consorcio Altán.
- Posteriormente, en una conversación que sostuvo el Sr. Haan con otro consultor internacional de reconocido prestigio, el Sr. Richard Keith, tuvo conocimiento de que uno de los grupos participantes en la licitación, aún cuando no reveló el nombre, presentó una propuesta que era copia fiel al 99% del plan de negocios originalmente contratado por la SCT como una línea base sobre la cual comparar las propuestas que presentaran los Consorcios participantes en el Concurso de la Red Compartida. Este hecho, confirma que uno de los grupos habría tenido acceso ilegal a un documento clasificado como confidencial por la propia SCT y que no fue distribuido, al menos oficialmente a todos los participantes.
- Finalmente, el Sr. Haan, afirma haber discutido con la Subsecretaria Mónica Aspe y con otros miembros de su equipo, los riesgos de tener a un solo postor en la contienda y que ello afectaría el propósito mismo de la visión del Presidente Enrique Peña Nieto. De igual manera, Haan, refiere haber discutido con la funcionaria y con su equipo, los riesgos en términos de seguridad nacional, al permitir la participación de capital y de empresas Chinas en el consorcio. Cabe recordar que el consorcio Altán, cuenta con la participación del Fondo China – México y que el estándar tecnológico adoptado por dicho consorcio es el asiático.
Ante esta declaración, resultaría inconcebible que el Gobierno de México, a través de la SCT y del IFT, proceda con el otorgamiento de la concesión del espectro de la banda de 700 Mhz, así como con la firma del Contrato de Asociación Público Privada de la Red Compartida, ya que ello, constituiría una grave violación a la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos.
Consorcio Rivada habrá de emprender distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos del mismo, así como de los mexicanos, que claramente, han sido engañados por el proceso conducido por la SCT y que resultará en la afectación de al menos 8.5 millones de personas de los sectores más desprotegidos del país.